Juez bloquea la norma de Trump que prohíbe a los migrantes en la frontera entre EE.UU. y México solicitar asiloEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un juez federal bloqueó una política del Gobierno de Trump que prohibía a los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo, asestando un duro golpe al presidente Donald Trump, que ha tratado de sellar el acceso a las protecciones en la frontera.

En una decisión tajante emitida este miércoles, el juez de distrito estadounidense Randy Moss determinó que la administración se extralimitó en su autoridad al pasar por alto la ley de inmigración.

“El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo, que suplante los estatutos que el Congreso ha promulgado”, escribió Moss.

El fallo —que apunta a un elemento emblemático de la agenda de Trump— ocurre mientras el Gobierno se jacta de la reducción de los cruces fronterizos. Funcionarios y exfuncionarios de Seguridad Nacional han citado anteriormente la represión en la frontera sur de EE.UU. como una contribución a una fuerte disminución de los cruces ilegales. En junio, la Patrulla Fronteriza estadounidense registró algo más de 6.000 encuentros, según datos federales.

A principios de este año, defensores de los derechos de los inmigrantes, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, presentaron una demanda por una proclamación presidencial que cerraba de hecho el asilo en la frontera sur. Los demandantes alegaron que la proclamación ponía en peligro miles de vidas al impedir que las personas buscaran refugio en Estados Unidos.

La demanda puso a prueba si el poder presidencial puede anular las protecciones garantizadas por el Congreso a las personas que huyen de la persecución y marcó uno de los esfuerzos más radicales del Gobierno de Trump para restringir la inmigración.

“Esta es una enorme victoria para quienes huyen del peligro y para el Estado de derecho”, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “El tribunal reconoció correctamente que el presidente no puede simplemente ignorar las leyes aprobadas por el Congreso”.

El juez dijo que ni los estatutos de inmigración ni la Constitución otorgan al presidente el poder de negar unilateralmente el acceso al asilo para las personas que ya han ingresado a Estados Unidos, sin importar cómo hayan llegado. “Nada en la (Ley de Inmigración y Nacionalidad) o la Constitución otorga al Presidente o a sus delegados la amplia autoridad que se afirma en la Proclamación y la guía de implementación”, afirma la decisión.

Moss mantuvo su decisión por 14 días. Se espera que el Gobierno apele.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

El Gobierno de Trump argumentó que el presidente tiene una amplia autoridad en virtud de la ley federal para suspender la entrada de personas consideradas perjudiciales para los intereses de Estados Unidos, especialmente en lo que describió como una emergencia de seguridad nacional y de salud pública en la frontera.

Las tensiones aumentaron durante los argumentos orales en abril en una sala federal repleta en Washington. Los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. argumentaron que la proclamación no podía ser revisada según los estatutos de inmigración en cuestión.

Moss presionó sobre ese argumento, en un momento planteando un hipotético: ¿Sería una orden presidencial de disparar a los migrantes en la frontera inmune jurídicamente al control judicial? El abogado del Deparatamento de Justicia, Drew Ensign, reconoció que tal orden plantearía cuestiones constitucionales, pero dudó en decir qué límites legales podrían aplicarse, lo que generó una dura reprimenda desde el estrado.

Los demandantes habían resaltado que al menos dos de sus clientes ya habían sido deportados bajo la medida. Si bien esos individuos habían expresado su deseo de solicitar asilo, los abogados del Gobierno argumentaron que no habían establecido una intención inminente de presentar solicitudes, lo que generaba más preguntas sobre a quién aplicaba realmente la política y cómo se aplicaba.

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