Juez que bloqueó el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento quiere hacerlo de nuevoEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un juez federal que anteriormente bloqueó el esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento pasó más de una hora debatiendo este viernes si su interdicto nacional podría mantenerse después de que la Corte Suprema limitara la capacidad de los jueces para emitir fallos tan amplios.

El juez de distrito estadounidense Leo Sorokin, del tribunal federal de Boston, dejó claro durante una audiencia que tenía la intención de mantener intacta parte de su fallo anterior contra el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento emitido por Trump en su primer día de regreso en el cargo.

Interrogó a los abogados del Gobierno de Trump y a un grupo de fiscales generales demócratas de más de una docena de estados, el Distrito de Columbia y varias ciudades, sobre preguntas clave acerca de si su interdicto nacional seguiría en pie luego de que la Corte Suprema de tendencia conservadora instruyera a los tribunales inferiores a reconsiderar dicho tipo de fallos para asegurar que no fueran demasiado amplios.

Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP” (“PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, en español) establecía que el gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a los niños nacidos en territorio estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o legalmente pero de forma temporal.

La Corte Suprema señaló, en su decisión del 27 de junio, que la administración no puede comenzar a hacer cumplir el decreto durante 30 días, aunque el gobierno tiene permitido empezar a desarrollar directrices sobre cómo se implementará la política.

El Departamento de Justicia presionó a Sorokin, designado por el expresidente Barack Obama, para que emitiera un interdicto alternativo en el que la política no fuera bloqueada del todo, sino que aún permitiera que los niños afectados por ella se inscribiesen en los programas federales de beneficios administrados a través de los estados.

Bajo esa propuesta, explicó el abogado del Departamento de Justicia Eric Hamilton, el gobierno federal estaría obligado a reembolsar a los estados por el costo de los beneficios para niños de la misma manera que siempre lo ha hecho, aunque técnicamente no serían ciudadanos autorizados de otro modo para recibir los beneficios.

“Creemos que el tribunal debe modificar el interdicto preliminar o suspender el interdicto preliminar y, como mucho, debería limitarse a los daños que los demandantes alegan, que son principalmente de índole financiera”, dijo Hamilton.

Sorokin mostró especial interés en entrar en los detalles de cómo el gobierno federal podría hacer funcionar un sistema así, mostrando en ocasiones dudas sobre su viabilidad. “Ciertamente, la viabilidad es un factor”, dijo el juez en un momento.

Posteriormente, el juez cuestionó a Hamilton precisamente sobre ese tema, preguntando: “¿Cómo sé que es viable, factible, practicable?”.

“Cumpliremos con la orden del tribunal”, respondió Hamilton, añadiendo que si la administración Trump tenía “preocupaciones” sobre el cumplimiento, las haría saber al tribunal.

“¿Cómo sé que pueden cumplir?”, respondió el juez. “Según el registro que tengo ante mí, parece bastante complicado”.

Un abogado de Nueva Jersey, uno de los estados que demandan por el decreto de Trump, dejó claro durante el procedimiento que no creía que ningún interdicto alternativo diera a su estado y a los demás demandantes el fallo amplio que satisfaría su caso contra la política.

Ese abogado, Shankar Duraiswamy, señaló las cargas administrativas que recaerían sobre los estados bajo cualquier fallo que no bloquee totalmente la implementación del decreto de Trump, ya que tendrían que rehacer varios sistemas para verificar la elegibilidad de los niños para los programas de beneficios. Y advirtió que un fallo que bloquee el decreto en los estados y ciudades que presentaron la demanda, pero no en los estados liderados por republicanos que han demandado por ella, podría llevar a un aumento en el crecimiento de la población en los estados demandantes, resultando en mayores costos y cargas adicionales que surgirían de tener que proveer servicios sociales a esas familias recién llegadas.

“No se justifican las medias tintas cuando se trata de suspender una acción ejecutiva flagrantemente inconstitucional”, argumentó Duraiswamy.

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