Los interminables esfuerzos de Trump para manipular el censoEricks Webs DesignEricks Webs Design

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump a menudo parece estar lanzando ideas al aire, a ver qué funciona y qué no. Ese es, sin duda, el caso de su poco convencional iniciativa para un nuevo censo.

Este asunto se le ha resistido varias veces antes, pero aparentemente ha vuelto para intentarlo otra vez, a pesar de los obvios y numerosos obstáculos.

Para resumir: Trump anunció el jueves que ordenó al Departamento de Comercio “comenzar inmediatamente a trabajar en un CENSO nuevo y altamente preciso” que no contara a los inmigrantes indocumentados.

Por alguna razón, la administración no dice con precisión cuándo Trump pretende realizar este censo, si sería un registro sin precedentes a mediados de la década o si se refiere a mejoras al censo existente o al próximo en 2030.

Pero dado que algunos republicanos –como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia– han impulsado la idea de realizar uno a mediados de la década y que Trump parece estar buscando cualquier ventaja que su partido pueda obtener en las elecciones intermedias de 2026 en este momento (ver: redistribución de distritos en Texas), hay una buena posibilidad de que quiera decir que esto debería suceder ahora.

Esto traería consigo una serie de problemas graves.

Uno de ellos es la magnitud del proceso censal. Requiere literalmente una década de trabajo, con reglas estrictas sobre algunos aspectos del proceso, incluyendo que sus preguntas deben acordarse con dos años de antelación. Pretender que algo equivalente a un censo tradicional se realice en tan poco tiempo parece bastante ingenuo.

Incluso si se ignora el tema del plazo, existe la cuestión de la autoridad. El Artículo 1 de la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de realizar el “recuento efectivo” de la población.

El Congreso ha autorizado al Departamento de Comercio a realizar una especie de “censo de mitad de década” en los años que terminan en “5”, como 2025. Sin embargo, esto no puede utilizarse legalmente para redistribuir distritos o escaños en la Cámara de Representantes, lo que justifica su verdadero valor político para Trump y el Partido Republicano. (Existe evidencia de que un nuevo censo podría extraer varios distritos congresionales de estados demócratas y colocarlos en estados republicanos).

Finalmente, está la otra razón principal por la que Trump parece querer hacerlo: eliminar del conteo a los inmigrantes indocumentados.

Pero la Constitución establece que los distritos electorales del Congreso deben distribuirse con base en el número total de personas en cada estado.

Puede que a Trump no le guste que haya inmigrantes indocumentados en este país —lo ha dejado claro— pero es difícil imaginar que incluso el tribunal más favorable decida que no constituyen personas.

La otra parte sorprendente de esto es que Trump está tratando una vez más de enfrentarse a una bestia que lo ha vencido repetidamente en el pasado.

El intento de Trump de usar el censo para erradicar a los inmigrantes indocumentados ha sido largo, desde los primeros días de su primer mandato. Sus numerosos intentos han fracasado en cada momento, a veces de forma bastante vergonzosa.

El gran esfuerzo a principios del primer mandato de Trump no fue sacar a los no ciudadanos del censo, al menos a primera vista, sino simplemente incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo.

Pero la administración lo echó a perder desde el principio. Afirmó que lo hacía no con fines políticos, sino para hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto, pero documentos contemporáneos desmintieron rotundamente esa justificación.

Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una notable reprimenda en 2019 que anuló la pregunta sobre la ciudadanía, declaró que la justificación de la administración parecía ser “artificial” y una “distracción”.

Trump respondió diciendo que les preguntaría a los abogados si podían retrasar el censo, sin importar cuánto tiempo. No pudieron. Sus amenazas nunca se cumplieron.

Pronto, Trump básicamente admitió la verdadera justificación de su maniobra: una política. Trump firmó un memorando a mediados de 2020 que declaraba que los inmigrantes indocumentados no debían ser considerados en la distribución de distritos.

Eso fue tan desconcertante como el anuncio de Trump de este jueves. ¿Cómo se suponía que quienes debían distribuir los escaños en el Congreso debían cumplir con el memorando de Trump si no contaban con los datos censales subyacentes que excluían a los no ciudadanos?

El Gobierno afirmó en ocasiones que podría usar otros datos menos sólidos, pero eso parecía descabellado.

En agosto de 2020, la administración lanzó otra jugada de poder relacionada con el censo: los funcionarios buscaron acortar el censo un mes, aparentemente para poder redistribuir los distritos antes de que terminara el mandato de Trump el 20 de enero (en caso de que perdiera las elecciones, lo que finalmente sucedió).

Los funcionarios se apresuraron a proporcionar algún tipo de información sobre los inmigrantes indocumentados.
Durante meses se produjeron fuertes luchas de poder debido a la clara politización del proceso por parte de la administración. Finalmente fracasó.

Al final, fue quizás el escándalo menos difundido del primer Gobierno de Trump, eclipsado por los eventos del 6 de enero de 2021. La administración claramente intentó manipular el sistema, y repetidamente no lo logró.

Y Trump aparentemente quiere intentarlo otra vez.

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