Denuncian Despojo y Demolición en la Secundaria Técnica 13 de ZapopanEricks Webs DesignEricks Webs Design

Padres de familia de la Secundaria Técnica 13 en Zapopan han alzado la voz contra la demolición de su escuela, alegando que esta acción forma parte de un despojo y de un negocio inmobiliario oculto. La comunidad educativa se encuentra consternada ante la falta de comunicación por parte de las autoridades y exige transparencia en este proceso.

Las denuncias surgieron después de que los alumnos y padres notaron la demolición de instalaciones educativas sin previo aviso, lo que ha generado una gran inquietud y descontento entre los afectados. “Esto es un ataque directo a nuestra comunidad y a la educación de nuestros hijos”, comentó uno de los padres de familia durante una reunión que convocó a varios miembros de la comunidad.

Los acusadores indican que existen intereses inmobiliarios detrás de esta acción, poniendo en duda la legitimidad de las decisiones que se están tomando. A través de redes sociales y reuniones comunitarias, los padres han comenzado una campaña para exigir un alto a la demolición y mayor protección para su escuela.

La situación ha captado la atención de medios locales, que han comenzado a investigar sobre el trasfondo de las alegaciones, sumando voces de expertos que analizan el impacto que tendría en la comunidad educativa la pérdida de la Secundaria Técnica 13.

Mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas concretas de las autoridades educativas y de gobierno, con la esperanza de que sus voces sean escuchadas y que se respete el derecho a la educación de sus hijos. La lucha de estos padres de familia se ha convertido en un símbolo de resistencia ante lo que consideran injusticias en el ámbito educativo y social.

Continúan las movilizaciones y las reuniones comunitarias, ya que los padres de familia están determinados a luchar por lo que consideran un derecho irrenunciable: el acceso a una educación de calidad en un espacio que ellos consideran un segundo hogar para sus hijos. Las autoridades deben actuar con responsabilidad y ética ante las demandas de la comunidad escolar, que ya no está dispuesta a aceptar decisiones arbitrarias que afectan su futuro.