Trump Declara el Fentanilo Como Arma de Destrucción Masiva en Nueva Estrategia de Guerra AntidrogasEricks Webs DesignEricks Webs Design

La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump equipara al fentanilo con armas químicas, activa agencias de defensa y seguridad, y aumenta penas contra el narcotráfico, mientras expertos y México advierten sobre el riesgo de militarizar una crisis de salud pública.

El gobierno de Estados Unidos ha dado un giro radical en su estrategia contra las drogas sintéticas al declarar formalmente al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como un arma de destrucción masiva. Esta decisión, anunciada mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, representa un cambio profundo en la forma en que el Estado estadounidense pretende enfrentar una crisis que ha dejado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.

La medida tiene como objetivo activar prácticamente todas las herramientas del aparato gubernamental, desde acciones penales más severas hasta la posible intervención de agencias de defensa y seguridad nacional, con el fin de atacar la producción, distribución y financiamiento de este opioide sintético. El fentanilo, que es altamente potente y de bajo costo, se ha convertido en el principal motor de la crisis de opioides en Estados Unidos y es una prioridad para las autoridades federales.

De acuerdo con funcionarios encargados de la aplicación de la ley, la nueva designación legal amplía de forma significativa el margen de acción de los fiscales y refuerza los casos contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA en la región de El Paso, explicó que “esta designación permite a los fiscales solicitar penas más severas contra los narcotraficantes que perseguimos y refuerza el impacto de los casos de narcotráfico que la DEA presenta”.

La orden ejecutiva se basa, según defensores del plan, en el nivel de peligrosidad del fentanilo, al que se compara con armas químicas por su capacidad letal incluso en cantidades mínimas. Briano subrayó la potencia de esta sustancia, señalando que “es 50 veces más poderosa que la heroína, y 100 veces más poderosa que la morfina; solo 2 miligramos pueden matar a una persona”. Estas cifras han sido utilizadas por el gobierno para justificar un enfoque más agresivo y punitivo ante lo que considera una amenaza directa a la seguridad nacional.

No obstante, la decisión ha enfrentado críticas. Expertos en políticas de drogas y salud pública advierten que comparar el fentanilo con un arma de destrucción masiva es más simbólico que práctico. Argumentan que, aunque se trata de una sustancia extremadamente mortal, no ha sido utilizada como un arma deliberada en el sentido tradicional, y que el núcleo del problema sigue siendo una crisis de adicciones que requiere estrategias integrales de prevención, tratamiento y reducción de daños.

Estas críticas fueron respaldadas públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reconoció la necesidad de combatir los delitos asociados al narcotráfico, pero insistió en que el enfoque no puede limitarse a la represión. “Por supuesto que hay que atender los delitos, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, y seguirá el consumo”, afirmó.

La orden ejecutiva llega en un contexto de creciente presencia militar en operaciones antidrogas. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado acciones en aguas internacionales, incluyendo operativos contra varias embarcaciones acusadas de narcotráfico. Para los críticos, esta escalada podría desviar recursos destinados a la salud pública hacia operaciones militares, sin garantizar una reducción real en el consumo de drogas ni en las muertes por sobredosis.

Sheinbaum profundizó en esta visión al destacar que la problemática del fentanilo está estrechamente vinculada a factores sociales y de salud mental. “Está relacionada con la salud mental, con el apego, con valores, con la familia, con la educación y con la atención de las causas. Esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump”, sostuvo la mandataria mexicana, marcando una clara diferencia entre ambos enfoques.

El impacto de esta decisión será especialmente relevante en las zonas fronterizas y en comunidades que ya han sido duramente afectadas por la crisis de opioides. Regiones como El Paso, en contacto directo con las dinámicas del tráfico transnacional, podrían experimentar un aumento en operativos, procesos judiciales y presencia de agencias federales.

Las próximas semanas serán clave para observar cómo se traduce esta política en acciones concretas y si el endurecimiento del discurso y de las herramientas legales logra frenar el flujo del fentanilo o si, como advierten los expertos, la militarización termina eclipsando la atención a una emergencia de salud pública que sigue cobrando vidas a ambos lados de la frontera.