Demanda Administrativa: Colorado y Cuatro Estados Exigen la Liberación de Fondos Congelados para Programas Sociales

Por Karen Gutierrez, Noticias
Denver, Colorado | 9 de enero de 2026

Una demanda administrativa presentada este jueves por fiscales generales de Colorado y otros cuatro estados contra la administración del presidente Donald Trump ha abierto un nuevo frente legal respecto al manejo de fondos federales destinados a programas sociales. Este litigio surge tras la decisión del gobierno federal de congelar más de 10 mil millones de dólares para programas que benefician a familias de bajos ingresos, una medida que los estados consideran inconstitucional.

La acción legal fue interpuesta en una corte federal de Nueva York y busca que la administración libere los recursos ya aprobados por el Congreso, dirigidos principalmente a cuidado infantil, servicios sociales y apoyos económicos para familias vulnerables.

Fondos congelados y su impacto en Colorado

En el caso de Colorado, la congelación supera los 300 millones de dólares. Estos recursos estaban destinados a programas clave de asistencia social, incluidos subsidios para el cuidado infantil y apoyo para familias de bajos ingresos.

Desde la oficina del gobernador Jared Polis, una portavoz ha advertido que la medida federal tiene graves consecuencias para niños y familias que dependen de estos servicios. “Sería terrible ver al gobierno federal apuntar de esta manera a las familias y niños más necesitados”, declaró el estado en declaraciones citadas en el material original.

Los estados que impulsan la demanda

Además de Colorado, la demanda incluye a California, Minnesota, Illinois y Nueva York. El caso es encabezado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien sostiene que la administración Trump está excediendo su autoridad al bloquear fondos que ya habían sido autorizados por el poder legislativo.

“Una vez más, las familias más vulnerables de nuestras comunidades están soportando el peso de esta campaña de caos y represalias”, afirmó James según la documentación presentada ante la corte.

Programas federales en disputa

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) notificó a los estados que los fondos congelados corresponden a tres programas federales:

• El Child Care and Development Fund, que subsidia el cuidado infantil para familias de bajos ingresos.

• El programa Temporary Assistance for Needy Families (TANF), que ofrece ayuda económica y capacitación laboral.

• El Social Services Block Grant, enfocado en servicios sociales comunitarios.

La notificación fue emitida bajo la supervisión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.. Hasta el momento, funcionarios del HHS no han respondido públicamente a solicitudes de comentarios sobre la demanda.

Acusaciones de fraude y solicitudes de información

En cartas enviadas a los estados, Alex J. Adams, subsecretario de la Administración para Niños y Familias, afirmó que el HHS tenía “razones para creer” que algunos beneficios estaban siendo otorgados a personas que se encontraban en el país sin estatus migratorio legal. Las cartas no ofrecieron detalles específicos, pero sí exigieron una cantidad considerable de información.

El fiscal general de California, Rob Bonta, criticó duramente estas solicitudes, señalando que el gobierno federal pidió “prácticamente cada documento asociado con la implementación de estos programas”, además de datos personales sensibles de los beneficiarios, con un plazo de apenas 14 días.

El caso de Minnesota y el debate sobre fraude

El enfoque del gobierno federal se intensificó tras la difusión de un video de un creador conservador en YouTube que alegaba un fraude de hasta 100 millones de dólares en centros de cuidado infantil en Minneapolis. Estos centros eran operados por miembros de la comunidad somalí, un grupo que ha sido objeto de críticas y escrutinio migratorio en el pasado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, defendió la respuesta de su estado y aseguró que se están tomando medidas agresivas para prevenir cualquier fraude adicional.

Un conflicto con implicaciones nacionales

Aunque aproximadamente la mitad de los 10 mil millones de dólares congelados estaban destinados a programas en California, según las autoridades estatales, el impacto se extiende a millones de familias en los cinco estados involucrados. La demanda pone en el centro del debate el alcance del poder ejecutivo y el equilibrio entre la supervisión federal y la autoridad de los estados para administrar programas sociales.

El desenlace de este caso podría establecer un precedente clave sobre la capacidad del gobierno federal para retener fondos ya aprobados por el Congreso y redefinir el futuro de los programas de asistencia social en Estados Unidos.