Ábrego García seguirá detenido al menos un mes, aunque el juez rechazó que sea un peligro, como dijo el Gobierno de TrumpEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un juez federal en Tennessee rechazó este miércoles anular la decisión de otro juez que permite que Kilmar Ábrego García permanezca en libertad mientras espera juicio por cargos de tráfico de personas, aunque seguirá detenido al menos otro mes.

El juez de distrito Waverly Crenshaw determinó que los fiscales federales no demostraron “con pruebas claras y convincentes” que Ábrego García representara un peligro para otras personas o la comunidad si se le permitía permanecer fuera de custodia penal mientras avanza su caso.

“Las declaraciones generales del Gobierno sobre los delitos imputados a Ábrego y las pruebas que tiene a su favor no demuestran que sea peligroso”, escribió Crenshaw en un fallo de 37 páginas, rechazando la solicitud del Gobierno de Trump de revertir la decisión de un juez de instrucción en Nashville, quien también concluyó que los fiscales no habían presentado un caso sólido para mantener a Ábrego García tras las rejas por ahora.

Sin embargo, la jueza de instrucción Barbara Holmes decidió en otro fallo que Ábrego García permanecerá detenido al menos 30 días más, concediendo una solicitud no impugnada de sus abogados para que siga bajo custodia penal. Los abogados de Ábrego García hicieron la solicitud a principios de semana para evitar que se iniciaran rápidamente procedimientos de deportación una vez que fuera liberado.

Al mismo tiempo que Crenshaw, designado por el expresidente Barack Obama, emitía su fallo, una tercera jueza en Maryland, que supervisa una demanda civil presentada por Ábrego García y su familia por su deportación indebida a El Salvador a principios de este año, emitió su propio fallo que prohíbe al Gobierno deportarlo rápidamente si es liberado de la custodia penal en los próximos días.

Ese fallo de la jueza de distrito Paula Xinis, también designada por Obama, busca dos cosas: restituir a Ábrego García a la situación migratoria en la que se encontraba antes de su deportación a mediados de marzo y garantizar que no se violen nuevamente sus derechos al debido proceso si las autoridades intentan expulsarlo de Estados Unidos por segunda vez.

“Estas decisiones son una fuerte reprimenda a la conducta ilegal del Gobierno y una salvaguarda crítica para los derechos de debido proceso de Kilmar”, dijo Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados de Ábrego García, en un comunicado. “Después de que el Gobierno lo deportó ilegalmente una vez sin previo aviso, esta protección legal es esencial”.

Xinis prohíbe al Gobierno de Trump que tome a Ábrego García bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una vez que sea liberado de la custodia penal, y ordena a las autoridades que lo restituyan bajo supervisión de la oficina de ICE en Baltimore, que era su situación antes de marzo. Esa supervisión le permitía trabajar y vivir en Maryland, con presentaciones periódicas ante un oficial de inmigración.

“Una vez que Ábrego García sea restituido bajo la orden de supervisión de ICE en Baltimore, los demandados podrán tomar cualquier medida que la ley les permita”, escribió la jueza, agregando que es posible que deba comparecer ante funcionarios de inmigración en Baltimore, quienes podrían iniciar el proceso de deportación.

“Mientras tales acciones se realicen dentro de los límites de la Constitución y las leyes aplicables, este tribunal no tendrá nada más que decir”, escribió Xinis.

El Gobierno de Trump criticó rápidamente la decisión de la jueza.

“El hecho de que esta jueza desquiciada intente decirle a ICE que no puede arrestar a un miembro de la pandilla MS-13, acusado por un gran jurado de tráfico de personas y sujeto a arresto migratorio bajo la ley federal, es ILEGAL Y UNA LOCURA”, dijo la vocera de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en X, refiriéndose a la acusación del Gobierno de que Ábrego García es miembro del grupo criminal.

El fallo también limita la capacidad del Gobierno para deportar rápidamente a Ábrego García a un país que no sea El Salvador.

Estas medidas, de acuerdo con la jueza, buscan garantizar que el Gobierno no pase por alto los derechos de debido proceso de Ábrego García, incluido el derecho a alegar temor a tortura en un tercer país al que el Gobierno pudiera intentar deportarlo.

Si las autoridades planean deportarlo a un tercer país, deben notificar a sus abogados con al menos 72 horas de antelación para que pueda presentar “alegaciones de temor creíble o solicitar cualquier otro recurso disponible bajo la ley y la Constitución”.

El padre de familia, residente de Maryland, fue deportado erróneamente a El Salvador en marzo, lo que desató una batalla legal de meses ante la jueza Xinis, quien ordenó al Gobierno asegurar su regreso a Estados Unidos. Fue traído de vuelta el mes pasado para enfrentar cargos federales de tráfico de personas en Tennessee.

Ábrego García está actualmente en detención preventiva en Tennessee, pero pronto podría ser liberado de la jurisdicción de ese tribunal y entregado al Departamento de Seguridad Nacional.

El mes pasado, sus abogados en el caso ante Xinis, en la corte federal de Greenbelt, Maryland, expresaron su preocupación de que el Gobierno de Trump lo deportara rápidamente una vez que saliera de custodia penal y volviera a manos de ICE. El Gobierno ha vacilado en las últimas semanas sobre si lo deportaría antes de que enfrente juicio por tráfico de personas.

“Todo lo que intentamos hoy es asegurar que no haya una violación constitucional”, dijo Andrew Rossman, uno de los abogados de Ábrego García, en una reciente audiencia judicial.

El Gobierno ya tiene prohibido deportar a Ábrego García a El Salvador debido a una orden de un juez de inmigración de 2019.

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