Impacto de la Nueva Ley General de Aguas en Tijuana: Desafíos para Agricultores y Recursos HídricosEricks Webs DesignEricks Webs Design

La reciente aprobación de la nueva **Ley General de Aguas** en México ha generado inquietud en el sector agrícola y ha puesto en el centro de la discusión a ciudades como Tijuana. Esta urbe depende en gran medida de recursos del Distrito de Riego 014 de Mexicali para su abastecimiento de agua. Aunque el debate ha estado principalmente centrado en los productores agrícolas, las repercusiones pueden extenderse a toda la costa de Baja California, donde millones de habitantes dependen del acueducto Río Colorado.

Tijuana consume **140 millones de metros cúbicos de agua al año**, de los cuales solo tiene un acceso directo de **80 millones** provenientes del Río Colorado. La diferencia, equivalente a casi la mitad de su consumo total, debe comprarse a agricultores del Valle de Mexicali, quienes ceden parte de su cuota a través del Distrito de Riego 014.

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jesús García Castro, afirmó: “Es agua que se recibe, pero cuando se recibe, ustedes saben que es agua que no está regularizada, y la regularización o legalización es a través de estos distritos de riego o de los ejidatarios.”

Esa “regularización” está en riesgo con la nueva Ley General de Aguas, que impone restricciones o incluso prohíbe la venta o cesión privada de derechos de agua, una práctica que ha permitido a Tijuana gestionar su déficit hídrico durante años.

Desde el gobierno, esta reforma se presenta como una estrategia para priorizar a las ciudades con mayores necesidades, mejorar el acceso al agua potable, y fomentar la sustentabilidad del sistema hidráulico. Sin embargo, la transición está lejos de ser clara.

García Castro agrega: “Estas modificaciones a la ley federal son para apoyar a las grandes ciudades que enfrentan severas carencias de agua, y en el caso de Tijuana, no tenemos agua propia.”

Aunque la ley debería beneficiar a Tijuana, que ya carece de fuentes de agua locales suficientes, la incertidumbre persiste. La principal inquietud es: si ya no pueden comprarse derechos al Distrito de Riego 014, ¿cómo se garantizará el cumplimiento de la demanda hídrica anual de Tijuana?

Mientras la situación es incierta en las ciudades, en el ámbito agrícola la preocupación es palpable. Los agricultores advierten que la reforma podría poner en riesgo su acceso al agua o encarecerlo, afectando un sector ya frágil.

El productor de frutos rojos Luis Ernesto Guevara resume la situación con preocupantes cifras: “Cuando llegué a San Quintín había 20 mil hectáreas sembradas, ahora deben ser poco más de 6 mil, y eso es por agua, exclusivamente por problemas de agua.”

La drástica reducción de tierras cultivadas subraya el temor de que una regulación más rígida complique aún más las operaciones agrícolas en una región donde el agua ya escasea.

El conflicto por el futuro del agua ha llevado a manifestaciones. Productores agrícolas en Mexicali bloquearon temporalmente la aduana como medida de presión, aunque decidieron levantar el bloqueo mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.

Este conflicto refleja la complejidad de la situación: no es solo un desacuerdo legal, sino un cambio trascendental en la relación entre el campo y la ciudad en una región donde el agua es un recurso limitado.

La nueva Ley de Aguas está reconfigurando el equilibrio entre la zona agrícola del valle y las ciudades costeras. Para Tijuana, el desafío es monumental: garantizar un futuro hídrico sin la posibilidad de comprar derechos a los agricultores, un mecanismo que ha sostenido a la ciudad por décadas.

Para los agricultores, el reto no es menor: deben asegurar el acceso suficiente a un recurso que ya limita su capacidad de producción. El desenlace sigue siendo incierto, pero está claro que esta reforma no solo cambiará la gestión del agua, sino también la vida cotidiana de millones de personas en Baja California.