Con fotos, pancartas y velas, familiares de detenidos en Venezuela realizan vigilia frente a Fiscalía y piden su liberaciónEricks Webs DesignEricks Webs Design

Con una vela y una pancarta que mostraba la foto y el nombre de su hijo Roberto Alvarado, Jesusa Jansasoy participó este miércoles de una vigilia frente a la Fiscalía de Venezuela. Ella y decenas de personas más exigieron la liberación de sus familiares detenidos en medio de las protestas ocurridas tras las controvertidas elecciones del 28 de julio del año pasado.

Jansasoy dijo a CNN que, luego del arresto de su hijo, pasaron varios días hasta que pudiera conocer su paradero y meses hasta que pudo verlo. El joven se encuentra en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, donde, según su madre, ha perdido tanto peso que cuando se reencontraron le costó trabajo reconocerlo. “Estaba desnutrido, flaquito… como si fuera un niño de 12 años”, relató.

La vigilia en la Fiscalía se realizó después de la difusión el martes de un informe de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que señala un aumento de las desapariciones forzosas y la represión a la disidencia política en Venezuela.

Entre el 28 de julio del año pasado y este 15 de junio, Amnistía Internacional documentó 15 casos de desaparición forzada. De ellos, dice, 11 casos corresponden a personas que siguen detenidas, entre ellos ciudadanos venezolanos y de países como Estados Unidos, Ucrania, Colombia y Uruguay. La ONG asegura que en estos casos actuaron cuerpos de seguridad como la División de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana.

Según una actualización de las cifras difundidas por la ONG Foro penal, al 15 de julio había 51 personas reportadas como desaparecidas. También contabilizan 88 extranjeros detenidos en Venezuela.

En su informe, Amnistía Internacional sostiene que el gobierno venezolano impulsa acciones represivas contra quienes respaldan un cambio político en Venezuela “a una escala no vista anteriormente”. Agrega que en el conflicto postelectoral 25 personas perdieron la vida y al menos 2.200 fueron detenidas de forma arbitraria. Todo ello, en medio de protestas contra el anuncio de que el presidente Nicolás Maduro había ganado la elección, sin presentar los resultados detallados.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo el martes durante la presentación del documento que la desaparición forzada “supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto”.

“Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante”, agregó.

Amnistía Internacional alertó además sobre las detenciones arbitrarias, es decir, sin base legal. Afirman que por lo general se trata de aprehensiones con motivaciones políticas de personas vinculadas a partidos políticos, así como de activistas sociales, periodistas, defensores de los derechos humanos o participantes en protestas.

CNN contactó tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Comunicación de Venezuela para pedir comentarios sobre el documento de la ONG y las denuncias de los familiares de los detenidos, y espera respuesta.

Durante la vigilia, varios representantes de otras organizaciones no gubernamentales se sumaron a los señalamientos de Amnistía Internacional. Una de ellas fue la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, quien dijo a CNN que la ley venezolana exige que los detenidos sean presentados ante tribunales en las 48 horas siguientes a su arresto, y que esto no se cumplió en el caso de muchos jóvenes aprehendidos tras el 28 de julio.

“Muchos de los muchachos, en el contexto de las movilizaciones postelectorales cuando fueron detenidos, pasaron varios días sin que informaran a sus familiares el lugar en donde se encontraban. Varios de sus familiares tuvieron que recorrer diferentes centros policiales buscándolos”, expuso. También se refirió a que en muchos casos no se les ha permitido derecho a la defensa privada sino que se les ha asignado un defensor público, afectando el derecho a la defensa.

El coordinador general de la organización de derechos humanos Provea, Oscar Murillo, también se refirió a la gravedad de los casos de desaparición forzada y detenciones arbitrarias. Dijo que aunque en algunos casos se conoció posteriormente su paradero, las personas sometidas a esta situación ven su integridad física y su vida en riesgo, lo que a su consideración muestra “un Estado de derecho que está en su peor momento”.

El informe de Amnistía Internacional afirma que hay un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Señala que las desapariciones forzadas cometidas por las autoridades venezolanas son consideradas un crimen de lesa humanidad y que tienen lugar mediante “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.

En diversas oportunidades, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha afirmado que en Venezuela se respetan los derechos humanos y el debido proceso, y ha desestimado las críticas contra la actuación de los cuerpos de seguridad.

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