El Gobierno de España llega a la mitad de su mandato: ¿Qué ha pasado hasta aquí y qué retos enfrenta a futuro?Ericks Webs DesignEricks Webs Design

Este 17 de agosto se cumplen dos años desde que arrancó formalmente la XV Legislatura en España. Dos años cargados de intenso voltaje político y marcados, entre otros temas, por la crisis de la vivienda que atraviesa el país, las protestas contra el turismo de masas o la aplicación de la Ley de Amnistía.

Una serie de retos que han venido constantemente maridados de sesiones llenas de bronca en el Parlamento, donde la oposición, capitaneada por el Partido Popular, ha reprochado en diferentes ocasiones al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez que no está a la altura de esos desafíos y que tiene dificultades para aprobar iniciativas legislativas dada la fragmentación de la cámara.

Críticas que terminan, habitualmente, con la petición de un adelanto electoral.

No obstante, desde el Ejecutivo ignoran esos pedidos y aseguran con confianza que agotarán la legislatura hasta el próximo 2027, año en el que se convocarán las siguientes elecciones generales si no se disuelven las Cortes Generales de forma anticipada.

El 23 de julio de 2023 fue la fecha en que se celebraron los últimos comicios generales. El Partido Popular (PP) se convirtió en la formación que aglutinó mayor cantidad de votos (8.160.837) y escaños (137 de los 350 que componen el Parlamento). Sin embargo, eso no fue suficiente para investir al candidato del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien no logró aunar los apoyos suficientes para alcanzar la presidencia cuando se presentó al debate de investidura a finales de septiembre de ese mismo año.

Así las cosas, Sánchez recogió el testigo. Su formación era la segunda más votada, pero tampoco le daban los números para lograr una mayoría que asegurara el acceso del candidato socialista al Palacio de la Moncloa.

Es así que desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abrieron un período de negociaciones para lograr recabar los apoyos necesarios dentro del Parlamento. Unas reuniones que incluyeron a formaciones independentistas catalanas como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat), con quienes cerraron acuerdos por los que se comprometían a aprobar una ley de amnistía para los políticos y otros ciudadanos condenados o encausados de promover la consulta popular no refrendaria de 2014 para definir cuál debía ser el futuro de Cataluña o el referéndum de independencia celebrado en octubre de 2017 y que fue declarado ilegal por la justicia española.

Unos acuerdos que generaron malestar en la oposición y que provocaron disturbios durante varios días frente a la sede del PSOE en Madrid, pero que no evitaron que Sánchez fuera investido presidente el 16 de noviembre tras sumar los votos a favor de siete partidos diferentes. Fue el inicio de su tercer Gobierno, y el primero por la coalición entre el PSEO y Sumar.

Desde entonces, el Gobierno ha sacado pecho de su acción legislativa, que se ha traducido en la aprobación de 42 leyes. “Lograrlo no ha sido fácil”, reconocía recientemente Sánchez en una comparecencia donde rindió cuentas sobre la acción del Gobierno. “Ha habido que negociar cada paso”, añadía.

Ahora bien, en este tiempo no han logrado aprobar unos presupuestos generales, obligando a que se prorroguen los presupuestos de 2023 durante dos años consecutivos.

Además, la acción del Gobierno de estos años ha quedado marcada por situaciones como la de abril de 2024, cuando Sánchez canceló su agenda pública durante cinco días para “reflexionar” sobre si debía seguir en la presidencia después de que la justicia de Madrid iniciara una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de negocios.

Una instrucción abierta a raíz de una denuncia de la organización Manos Limpias, dirigida por el abogado y expolítico de ultraderecha Miguel Bernad, que llevó a abrir diligencias para averiguar si Gómez se habría valido del estatus personal de esposa del presidente del Gobierno para recomendar o avalar a empresarios en varias licitaciones públicas y beneficiar a un allegado en otra licitación.

La causa sigue todavía en instrucción. Sánchez, por su parte, ha defendido en reiteradas ocasiones la inocencia de su esposa asegurando que esta causa se sostiene en “falsedades” e “informaciones espurias”, agregando que “no hay nada detrás de esta acusación”.

El Gobierno llega al parón estival con la vista puesta en el arranque político del último trimestre del año. Estos últimos meses van a ser la oportunidad del Ejecutivo para hacerse fuerte tras la tensión que lo ha rodeado durante las últimas semanas por el escándalo de presunta corrupción generada por el “caso Koldo”.

De hecho, tanto Sánchez como sus ministros han dedicado incontables esfuerzos ante los medios de comunicación para limpiar la imagen de la acción de Gobierno y así seguir manteniendo la confianza de los partidos que apuntalaron la investidura.

Tal fue la presión que, el pasado 9 de julio, Sánchez compareció ante un pleno del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre cómo iban a atajar la corrupción a todas los niveles. Una suerte de cuestión de confianza en la que presentó un plan con 15 medidas para combatir las prácticas corruptas y que, en menor o mayor medida, convenció a sus socios de investidura. Aunque estos le reclamaron mano dura contra esta lacra.

Superada esa comparecencia, el Gobierno tiene ahora por delante el reto de demostrar que es capaz de seguir tejiendo consensos en la cámara baja. Sobre todo, que es capaz de lograr la aprobación de un proyecto tan importante como los presupuestos generales para 2026, para así adaptarlos a las necesidades actuales.

De no lograrlo, queda claro que se convertirá en un nuevo ariete para la oposición con el que presionar para precipitar el fin de la actual legislatura.

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