Investigación federal revela problemas en el sistema penitenciario de Colorado y derechos constitucionalesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Por Karen Gutierrez, Univision — Denver, Colorado | 8 de diciembre de 2025

El sistema penitenciario de Colorado enfrenta un escrutinio federal sin precedentes tras el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de una investigación formal para evaluar si las prisiones y centros juveniles estatales vulneran los derechos constitucionales de los detenidos. La investigación, revelada el lunes por la administración Trump, abarca el uso excesivo de la fuerza, la atención médica, la nutrición y las políticas dirigidas a los internos transgénero.

La pesquisa incluye tanto al Colorado Department of Corrections (DOC) como a la Division of Youth Services (DYS), organismos responsables de la gestión de adultos encarcelados y jóvenes en detención. En una carta al gobernador Jared Polis, el DOJ señaló que su investigación pretende evaluar las “políticas y prácticas” dentro de ambas agencias para determinar si cumplen con la Constitución y las leyes federales.

Derechos constitucionales bajo la lupa

“La Constitución protege a cada americano, ya sea un joven confinado en un centro juvenil o un anciano en una prisión”, expresó la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon en un comunicado oficial. El DOJ enfatizó su compromiso para asegurar que ninguna persona sufra “maltrato inconstitucional” mientras esté bajo custodia estatal.

El enfoque principal de la investigación se centrará en tres áreas esenciales en las 21 prisiones del DOC:
• Disponibilidad de atención médica adecuada.
• Condiciones de seguridad, higiene y sanidad.
• Políticas relacionadas con la separación y protección de personas transgénero.

Además, el departamento evaluará si Colorado ha fallado en prevenir el uso excesivo de la fuerza en sus 12 centros juveniles y en brindar una nutrición adecuada a los jóvenes detenidos.

Política de alojamiento de personas trans en el centro del debate

La administración Trump también se enfocará en la política estatal que regula dónde se aloja a las personas transgénero dentro de las prisiones. Según la carta enviada a Polis, uno de los objetivos es comprobar si el DOC “viola los derechos de los prisioneros y detenidos a practicar su religión libremente al alojar varones biológicos en unidades designadas para mujeres”.

Este escrutinio ocurre en un contexto político donde el presidente Trump ha incrementado sus críticas a políticas consideradas “inclusivas” en estados demócratas. Hasta ahora, Colorado no ha emitido una respuesta oficial; un portavoz de Polis no estuvo disponible para comentarios.

Contexto político: el caso de Tina Peters

La noticia del DOJ se produjo el mismo día en que las autoridades de Colorado rechazaron una solicitud del presidente Trump para trasladar a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa, desde una prisión estatal a un penal federal. Peters cumple una condena de nueve años por delitos relacionados con elecciones.

Aunque un tribunal federal también desestimó su solicitud más reciente, Trump ha ejercido presión pública para lograr su liberación y ha calificado al gobernador Polis de “sleazebag” tras la negativa estatal de permitir el traslado. Un funcionario del DOJ confirmó que se trabaja en la liberación de Peters, aunque la investigación anunciada no la menciona de manera directa.

Denuncias previas y condiciones documentadas

La investigación federal se enmarca en un contexto de múltiples reportes sobre problemas en las instalaciones juveniles de Colorado. En noviembre, padres denunciaron en el Denver Post que sus hijos estaban perdiendo peso alarmantemente en el Youthful Offender System de Pueblo debido a la falta de alimentos. Uno de ellos, un joven de 22 años, fue hospitalizado por falla renal asociada con malnutrición, según su familia.

La presión pública llevó al estado a revisar sus políticas internas respecto a la compra y acceso de alimentos.

Un informe de marzo reveló inquietantes resultados internos que documentaban:
• Acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal.
• Lesiones severas entre adolescentes durante las restricciones físicas.
• Ingreso de drogas ilegales en instalaciones seguras.
• Alegaciones de relaciones inapropiadas entre empleados y jóvenes bajo custodia.

La situación alcanzó un punto crítico en agosto, cuando la DYS trasladó a todos los jóvenes sentenciados del Lookout Mountain Youth Services Center, ubicado en Golden, citando “condiciones de seguridad deterioradas”.

¿Qué podría venir?

La investigación federal puede dar lugar a acuerdos obligatorios, cambios operativos significativos o intervenciones supervisadas por tribunales. También podría influir en debates legislativos sobre reformas penitenciarias, políticas de protección juvenil, atención médica en prisiones y regulación del alojamiento de personas transgénero.

A medida que Colorado evalúa los hallazgos de reportes periodísticos y testimonios de familiares, el anuncio del DOJ marca un punto de inflexión para dos sistemas que ya han enfrentado críticas por su capacidad para asegurar la protección de aquellos bajo custodia.

El desarrollo de este caso será de gran interés tanto para defensores de derechos civiles como para las autoridades estatales, que deberán responder a un intenso escrutinio federal que podría transformar profundamente las operaciones de prisiones y centros juveniles en Colorado.