La tensión aumenta en el sur de California por las redadas contra inmigratesEricks Webs DesignEricks Webs Design

Después de semanas de redadas caóticas de inmigración en público y en lugares de trabajo en todo el sur de California, un juez ha otorgado una orden de restricción temporal en una demanda, requiriendo que las autoridades federales encuentren una “sospecha razonable” para realizar arrestos de inmigración en el distrito central de California, incluido Los Ángeles, y evitando que utilicen características como la raza o hablar español como única base para los arrestos.

El juez federal determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado realizando arrestos en redadas de inmigración en Los Ángeles sin sospecha razonable. El fallo se produce después de que agentes federales de control de inmigración arrestaran a más de 300 inmigrantes en dos redadas caóticas en plantaciones legales de marihuana el jueves, según el DHS. Los relatos contradictorios de trabajadores y funcionarios federales han generado numerosas preguntas, ya que funcionarios del DHS afirman que sus agentes fueron atacados a tiros.

Los acontecimientos vuelven a poner de relieve una región que hace semanas surgió como un epicentro de operaciones de inmigración a gran escala por parte de la administración Trump y de tensas protestas contra las acciones que a menudo resultaron en arrestos.

Se planearon nuevamente manifestaciones el viernes en Los Ángeles, mientras líderes sindicales y religiosos, así como defensores de los derechos de los inmigrantes, se oponen a las operaciones de deportación anunciadas por la Casa Blanca republicana. La alcaldesa también firmó una orden para proteger a las comunidades inmigrantes.

Esto es lo que sabemos sobre los eventos clave de esta semana:

El jueves se produjeron intensos enfrentamientos cuando los manifestantes se enfrentaron con agentes federales de inmigración que realizaban redadas en granjas legales de marihuana en los condados de Ventura y Santa Barbara, en California, operaciones similares a las realizadas en sitios de construcción, hoteles y estacionamientos de Home Depot, que han generado un temor generalizado entre las comunidades inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que ejecutó órdenes de arresto penales en las ciudades de Carpinteria y Camarillo el jueves. Inicialmente, el DHS estimó que 200 inmigrantes fueron detenidos durante las dos redadas, pero en una actualización del sábado , la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que 319 inmigrantes que se encontraban sin permiso en el país fueron arrestados.

“Esta se está convirtiendo rápidamente en una de las operaciones más grandes desde que el presidente Trump asumió el cargo”, escribió la secretaria del DHS.

Durante las redadas, al menos 14 niños inmigrantes fueron rescatados de posibles trabajos forzados, explotación y trata, afirmó Noem. Ni Noem ni el DHS han proporcionado detalles sobre las instalaciones en particular ni sobre las condiciones en las que se encontraron los menores.

El operador de las plantaciones de marihuana, Glass House Brands, declaró el viernes en un comunicado que “nunca ha violado a sabiendas las prácticas de contratación aplicables y que no emplea ni ha empleado nunca a menores”. CNN se ha puesto en contacto con Glass House para obtener más comentarios sobre las acusaciones del DHS.

Según el DHS, los agentes federales en ambas instalaciones se encontraron con aproximadamente 500 manifestantes. Durante una de las redadas, una persona disparó contra los agentes, según la agencia. No se ha detenido a ningún sospechoso.

El presidente Donald Trump instó el viernes a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y Seguridad Nacional en una publicación en las redes sociales a arrestar a los manifestantes que arrojen piedras y ladrillos a los agentes o cometan “cualquier otra forma de agresión” contra los funcionarios, “utilizando cualquier medio que sea necesario para hacerlo”.

El sindicato United Farm Workers informó que varios trabajadores agrícolas resultaron gravemente heridos durante la redada en Camarillo, y que otros se encuentran desaparecidos. El portavoz del Departamento de Bomberos, Andrew Dowd, indicó que ocho heridos fueron trasladados a hospitales locales y otros cuatro pacientes recibieron atención médica en el lugar.

Jaime Alanis, uno de los trabajadores heridos durante la redada del jueves, falleció el sábado, según confirmó su sobrina a Associated Press . Alanis, de 57 años, fue hospitalizado con heridas graves tras caer del techo de un invernadero durante la redada, informaron las autoridades. CNN se ha puesto en contacto con su familia para obtener más información.

El sindicato UFW anunció prematuramente la muerte de Alanis el viernes, cuando un portavoz del condado Ventura dijo que el hombre herido todavía estaba hospitalizado.

En un nuevo comunicado emitido el sábado , la UFW declaró: “Estamos profundamente conmovidos por la afligida familia de Jaime Alanis”. El sindicato prometió apoyo a la familia mientras continúa trabajando con cientos de familias de trabajadores agrícolas que enfrentan las consecuencias de esta violenta redada.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo anteriormente que Alanis no había sido puesto bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) o del ICE y que los agentes actuaron rápidamente para brindarle atención médica después de su caída.

Aunque no lo perseguían las fuerzas del orden, este individuo trepó al techo de un invernadero y cayó desde una altura de 9 metros. La CBP solicitó inmediatamente una evacuación médica para atenderlo lo antes posible, dijo McLaughlin.

Durante la redada en Camarillo, vehículos de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza bloquearon una carretera bordeada de campos e invernaderos mientras vehículos militares y un helicóptero sobrevolaban la zona, informó Associated Press . Camarillo se encuentra a poco más de 80 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, aproximadamente a medio camino entre Santa Barbara y la ciudad.

Decenas de manifestantes se reunieron en la calle mientras agentes uniformados con ropa de camuflaje, cascos y máscaras de gas formaban una fila frente a ellos y luego lanzaron botes que rociaron lo que parecía humo al aire para dispersar a la multitud, según el video del encuentro y AP.

A unos 56 kilómetros costa arriba, una redada ocurrida aproximadamente a la misma hora el jueves en una granja de marihuana de Carpintería también se puso tensa, con bombas de humo estallando mientras “una multitud de residentes y trabajadores indignados se enfrentaban a agentes federales, algunos vestidos con equipo de estilo militar”, informó KEYT, afiliada de CNN .

“Fue una exageración”, dijo el congresista Salud Carbajal, un demócrata que representa el área y fue al lugar para ver a “más de 50 agentes deL ICE… llevando a cabo esta operación”.

“Estaban generando miedo, ansiedad e intimidación”, dijo Carbajal en un video en X. “Iban vestidos con uniformes y ropa militar, y armas de uso militar. Simplemente estaban creando una situación insostenible e incendiaria donde podrían haber herido a la población y a ellos mismos”.

Un niño pequeño resultó herido por la metralla de los dispositivos de destello y humo de los agentes, dijo el representante mientras sostenía un trozo de metal, y agregó que no podía ingresar a las instalaciones de la granja.

El incidente de Camarillo preocupó al alcalde de la cercana Oxnard: “Es cada vez más evidente que las acciones tomadas por el ICE son audaces y agresivas, demostrando insensibilidad hacia el impacto directo en nuestra comunidad”, escribió el alcalde Luis McArthur en Facebook, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.”

“Estas acciones están causando angustia y daños innecesarios. Mantengo mi compromiso de colaborar con nuestro Fiscal General y la oficina del Gobernador para explorar posibles vías legales para abordar estas actividades”.

En cuanto al enfrentamiento entre agentes federales y manifestantes anti-ICE, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo: “Tienen derecho a protestar. Lo apoyo. Pero si se exceden y nos impiden el paso, serán arrestados”.

Las redadas en las granjas ocurrieron apenas unos días después de que docenas de agentes federales de inmigración, junto con miembros de la Guardia Nacional de California, se desplegaran en un parque prácticamente vacío en un barrio de Los Ángeles conocido por su gran población inmigrante, lo que también provocó una protesta y el desprecio del alcalde.

La noticia de una posible redada se había extendido antes de que más de 90 militares y agentes llegaran el lunes al parque MacArthur, donde la alcaldesa Karen Bass vio a agentes a caballo y soldados con equipo táctico pasar junto a un patio de juegos mientras los niños de un campamento de verano eran llevados rápidamente al interior para que no sufrieran traumas, dijo a AP.

Los activistas llegaron para expulsar a los agentes, gritando y golpeando los vehículos del ICE. Las militares y los agentes se marcharon después de aproximadamente una hora, informó AP.

No está claro si alguien fue detenido durante el operativo. El ICE no hace comentarios sobre operativos en curso, según declaró su portavoz a CNN.

“Francamente, es indignante y antiestadounidense que tengamos vehículos armados federales en nuestros parques cuando no hay nada que hacer allí”, dijo Bass, una demócrata, más tarde. “No hubo ninguna protesta. No hubo ningún desorden que lo requiriera”.

Bass firmó una directiva ejecutiva el viernes por la mañana para apoyar a las comunidades inmigrantes de Los Ángeles. Esto se produjo tras las “redadas ilegales realizadas por el Gobierno federal”, anunció su oficina, mencionando la del parque MacArthur.

Trump mantiene el control de unos 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California y cientos de infantes de Marina en servicio activo que ordenó desplegar a principios de junio (en contra de los deseos del gobernador Gavin Newsom) para responder a las protestas en una sección de una milla cuadrada del centro de Los Ángeles contra las amplias redadas de inmigración.

El fallo del viernes de la jueza de distrito estadounidense Maame Ewusi-Mensah Frimpong se produjo como parte de una demanda federal contra la administración Trump por las redadas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional y las condiciones en los centros de detención federales.

A los acusados, incluidos el DHS, el FBI y el Departamento de Justicia, “se les prohíbe realizar detenciones en este Distrito a menos que el agente o funcionario tenga una sospecha razonable de que la persona que será detenida se encuentra dentro de Estados Unidos en violación de la ley de inmigración estadounidense”, según el fallo del juez.

Las autoridades federales de inmigración no pueden realizar arrestos en el distrito central de California basándose únicamente en “raza o etnicidad aparente”, “hablar español o hablar inglés con acento”, “presencia en un lugar particular” o “el tipo de trabajo que uno realiza”.

El fallo requiere que las autoridades de inmigración proporcionen a los detenidos en un centro de inmigración de Los Ángeles acceso a visitas legales y llamadas telefónicas con abogados.

La demanda, presentada la semana pasada por la ACLU del Sur de California en nombre de cinco personas y grupos de defensa de los inmigrantes, alega que la agencia que supervisa el ICE “ha arrestado y detenido inconstitucionalmente a personas para cumplir con las cuotas arbitrarias de arrestos establecidas por la administración Trump”, dijo la ACLU en un comunicado.

El jueves, los demandantes argumentaron que la administración Trump está deteniendo a personas en el sur de California en función de su raza y llevando a cabo redadas masivas de inmigración sin establecer primero una sospecha razonable de que una persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.

El Gobierno afirmó que los agentes federales iniciaron las detenciones basándose en información de inteligencia o “análisis de tendencias”, no en la raza o la etnicidad.

Frimpong, designada por el expresidente Joe Biden, se mostró escéptica y presionó repetidamente al Gobierno para obtener evidencia de que los arrestos se basaron en información procesable en lugar de apuntar a áreas donde se presume que se reúnen los inmigrantes indocumentados.

“Es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien fue fijado como objetivo”, dijo.

En su orden, Frimpong afirmó que la administración “no” proporcionó información sobre las bases de los arrestos. Frimpong ordenó al DHS que conservara y proporcionara la documentación de los arrestos a los abogados de los demandantes.

La ACLU del sur de California celebró el fallo el viernes.

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados derechos constitucionales para protegerlos de detenciones ilegales”, dijo Mohammad Tajsar, abogado principal de la ACLU del Sur de California.

El gobernador Newsom se hizo eco de eso, elogiando el nuevo fallo por poner “un alto temporal a las violaciones de los derechos de las personas y al perfilamiento racial por parte de los funcionarios federales de inmigración”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que el fallo era un “paso importante hacia el restablecimiento de la seguridad y la defensa de los derechos de todos los angelinos”.

Bass, quien se ha opuesto ferozmente a las recientes operaciones federales de inmigración, tomó medidas el viernes para fortalecer la respuesta de la ciudad a las redadas.

En su directiva del viernes, Bass instruyó a los Departamentos de la ciudad a preparar planes sobre cómo los empleados de la ciudad deben responder si los agentes federales intentan detener a los inmigrantes en propiedades de la ciudad, que podrían incluir muchas escuelas.

“No pretendemos capacitar a la gente ni a los Departamentos municipales sobre cómo resistirse e infringir la ley”, dijo Bass. Señaló que los funcionarios municipales solo permitirían la entrada a los agentes con las órdenes de arresto correspondientes. “Esto es para que los Departamentos y empleados municipales comprendan cuáles son sus derechos, lo que significa que no se puede permitir que la gente entre y haga lo que quiera”.

También se formará un grupo de trabajo entre el Departamento de Policía de Los Ángeles y miembros de la comunidad para discutir cómo apoyar a los residentes afectados, anunció Bass.

“Los familiares que se quedan atrás no saben si sus familiares están en la ciudad, en el estado o incluso en el país”, dijo Bass. “También sabemos que cuando estas redadas han ocurrido, no solo afectan a las personas indocumentadas”.

La ciudad ha presentado una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información para obtener registros sobre las fechas y lugares de las operaciones de inmigración federal, que hasta ahora en gran medida no han sido anunciadas.

Jillian Sykes, Taylor Galgano, Matthew Friedman, Samantha Waldenberg, Zoe Sottile y Hanna Park, de CNN ,contribuyeron a este informe.

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