Maduro y Trump, siete meses frenéticos de acuerdos y amenazas: estas son las clavesEricks Webs DesignEricks Webs Design

La relación entre Estados Unidos y Venezuela tiene, desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, siete meses frenéticos en los que ha habido entendimientos, tensiones y críticas.

Washington y Caracas, que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, protagonizan desde enero un ida y vuelta que ahora incluye movimientos militares en la región y convocatoria a milicianos venezolanos y que tiene final abierto.

En lo que va de 2025, los gobiernos de Trump y del presidente Nicolás Maduro pasaron de cerrar acuerdos de liberación de presos y de tener gestos que por momentos fueron beneficiosos para ambos países a intercambiar ahora medidas amenazantes y órdenes militares.

Estos son los hitos:

Trump asumió el 20 de enero y ese mismo día firmó un decreto que menciona al Tren de Aragua, una pandilla surgida en una prisión de Venezuela, junto a otras bandas transnacionales y carteles de la región, a los que designaría como grupos terroristas.

Días después, el Gobierno de Trump revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de venezolanos. La medida afecta a más de 600.000 venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos y que preveían contar la protección frente a las deportaciones hasta al menos el otoño boreal de 2026.

Del contacto directo al fin de la licencia petrolera

Richard Grenell, enviado del presidente Trump a misiones especiales, se reunió sorpresivamente el 31 de enero con Maduro en Caracas. El Departamento de Estado dijo que viajó en “una misión especial muy específica” centrada en la repatriación de “criminales y pandilleros” venezolanos y la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Autoridades de EE.UU. remarcaron que no se trataba de una negociación.

Ese día, Venezuela liberó a seis estadounidenses que estaban detenidos en el país. Días después, el Gobierno de Maduro comenzó a recibir vuelos con venezolanos deportados, y desde entonces el proceso tiene y reanudaciones a la par de tensiones bilaterales.

En paralelo alacercamiento, Estados Unidos incautó el 6 de febrero en Santo Domingo un segundo avión perteneciente al presidente de Venezuela. La nave, un Dassault Falcon 200, estaba bajo sanción estadounidense, según el Departamento de Seguridad Nacional. Otra aeronave utilizada por Maduro había sido incautada en septiembre de 2024 y enviada a Florida.

El 4 de marzo, la Casa Blanca informó que puso fin a la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país sudamericano y le dio 30 días para cesar sus actividades. Maduro dijo que Washington intenta “hacerle daño a la economía venezolana”.

A mediados de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para acelerar deportaciones de migrantes que serían miembros del Tren de Aragua. Para mayo, la inteligencia de EE.UU. señalaría que Venezuela no dirige ese grupo criminal, debilitando el argumento de Trump para usar ese marco legal.

El 17 de marzo, el Gobierno de EE.UU. deportó a cientos de venezolanos sin condena firme a El Salvador, donde son recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megaprisión criticada por diversas organizaciones por el trato que reciben los detenidos. Maduro calificó las deportaciones como secuestros.

Trump anunció el 24 de marzo que impondría aranceles del 25% a cualquier país que compre petróleo a Venezuela. La medida, que entró en vigor el 3 de abril, fue presentada por Washington en parte como una forma de castigo por la falta de voluntad de Caracas de aceptar a migrantes deportados. Pese al tono amenazante, el Gobierno anunció una extensión de la licencia a Chevron para operar en Venezuela.

A mediados de abril, en una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump dijo que “Venezuela no tiene dinero” debido a las sanciones que impuso Washington. “Ellos saben lo que tienen que hacer”, señaló.

El 6 de mayo, un grupo de activistas de la oposición venezolana que habían solicitado asilo en la embajada de Argentina en Caracas durante casi un año abandonaron el país y llegaron a Estados Unidos. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que se tratara de “una operación de rescate”, como la llamaron varios líderes de la oposición y el Gobierno de EE.UU., sino de un acuerdo entre autoridades de ambos países.

A mediados de julio, EE.UU. y Venezuela realizaron un intercambio de prisioneros a gran escala con Venezuela el viernes, con el envío de unos 250 venezolanos que habían sido deportados y encarcelados en El Salvador, a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses. Funcionarios venezolanos también anunciaron la llegada de un vuelo desde Texas con ciudadanos venezolanos, incluidos varios niños que habían sido separados de sus familias y mantenidos bajo custodia en Estados Unidos, mientras que un alto funcionario de la administración estadounidense señaló que decenas de presos políticos venezolanos fueron liberados.

El 25 de julio, Maduro confirmó que la petrolera Chevron recibió una licencia para seguir operando en Venezuela, que había sido suspendida en mayo. El mandatario fue consultado si la concesión estaba relacionada con el intercambio de prisioneros, pero evitó hacer comentarios.

Ese día, en medio de lo que parecía una distensión en el vínculo bilateral, el Departamento del Tesoro de EE.UU. designó como una organización terrorista al Cartel de los Soles, un presunto grupo criminal que, según Washington, ha corrompido las altas esferas políticas, militares y judiciales en Venezuela desde finales de los años noventa para enviar drogas a Estados Unidos. Líderes chavistas han señalado que el Cartel de los Soles es “un invento” de las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de Trump anunció el 7 de agosto que duplicaría a US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”. El canciller venezolano, Yván Gil, calificó la oferta como patética y ridícula, y varias instituciones del país rechazaron el anuncio, mientras que la líder opositora María Corina Machado saludó la iniciativa estadounidense.

Una semana después, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que Washington había confiscado más de US$ 700 millones en activos a Maduro. “Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia”, dijo en entrevista con Fox News. Maduro minimizó el anuncio y afirma que es una “guerra de declaraciones”. Además, Caracas rechazó la acusación de tráfico de drogas y dijo en un comunicado que Estados Unidos recurría a “amenazas y difamación”.

A mediados de mes, CNN reportó los planes de EE.UU. para desplegar más de 4.000 infantes de Marina y marineros en las aguas que rodean América Latina y el Caribe como parte de una iniciativa intensificada para combatir los cárteles de la droga. La drástica demostración de fuerza proporciona a Trump una amplia gama de opciones militares en caso de que desee actuar contra los grupos a los que ha designado como terroristas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo sobre el despliegue que EE.UU. está preparado para “usar todos los recursos de su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia el país y llevar a los responsables ante la Justicia”.

Ante el movimiento naval y el aumento de la recompensa que ofrece Washington, Maduro se mostró desafiante y anunció el lunes 19 el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional.

“Ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela”, afirmó en un discurso. El mandatario impulsó jornadas de inscripción a la Milicia Bolivariana durante el fin de semana, y luego las calificó como “un éxito”, sin ofrecer cifras de anotados.

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